Bolivia, incidentes: hubo 15 muertos, 37 heridos y 106 desaparecidos

El Gobierno presentó este lunes un informe preliminar sobre las consecuencias del enfrentamiento del 11 de septiembre en Porvenir y confirmó que 15 personas murieron, 37 resultaron heridos y otras 106 están desaparecidas.

El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, en una rueda de prensa se encargó de dar a conocer los trágicos números: "15 muertos confirmados e identificados; 37 heridos hasta el momento confirmados e identificados; 106 desaparecidos, que según información estarían heridos y con riesgo de perder la vida, es un dato preocupante".

El propio Rada declaró que debido a "la magnitud de la masacre ocurrida en Porvenir", el número de muertos se acercaba a una treintena.

Respecto a los desaparecidos, anunció que iniciaron su rastrillaje con militares y policías "en la zona y en los alrededores de Porvenir para encontrar cuerpos; hay que tomar en cuenta que el control por parte de los grupos armados que atacaron a los campesinos en Porvenir se mantuvo por al menos 30 horas más luego de ocurrida la matanza".

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Bolivia: Chocan oficialistas y opositores y ya hay 9 muertos

Hay tensión en varias ciudades y piquetes en Santa Cruz. "La paciencia tiene un límite", dijo el presidente. La disputa es por las autonomías regionales. Con el corazón en la boca, Bolivia volvió a colocarse ayer al borde del precipicio. Anoche, al cierre de esta edición, en varios comercios del centro de esta ciudad de Santa Cruz, la más dinámica de Bolivia, pobladores cruceños se apostaban frente a vidrieras y bares con pantallas de TV. Con gritos de indignación contra el gobierno, sorpresa o bien con signos de furia contenida, todos asistían a la confirmación de una nueva jornada de luto en el país. Es que en una sangrienta escalada de violencia, al menos nueve personas murieron y otras 20 resultaron heridas en un enfrentamiento armado entre grupos leales al presidente Evo Morales y opositores cerca de Cobija, la capital del departamento amazónico de Pando, en la frontera con Brasil.Fuentes policiales dijeron anoche que uno de los muertos es un funcionario de la prefectura de esa ciudad, capital de uno de los departamentos que integran la llamada "media luna", la zona más rica del país que reclama un sistema autonómico y rechaza el proyecto oficial de aprobar una Constitución de corte indigenista, que represente a la mayoría de esta convulsionada nación."La paciencia tiene un límite", dijo el presidente y advirtió sobre la posibilidad de tomar "algunas decisiones radicales". Las muertes en Pando se produjeron cuando partidarios de Morales se enfrentaron con fanáticos de grupos cívicos de derecha. Hubo disparos de armas de fuego en momentos en que la Policía procuraba mediar. Todo sucedió en un barrio alejado de la capital provincial.La violencia de ayer fue una virtual continuación de los graves incidentes del martes pasado en esta ciudad, Santa Cruz, cuando la oposición tomó oficinas estatales y hubo incendios y saqueos de instituciones del Estado central. Luego, varios grupos intentaron la toma de campos petroleros en el sur, provocando el estallido de uno de los ductos. El caudal de gas a Brasil quedo mermado y anoche trataban de volverlo a la normalidad. Todo se produce poco después de que Morales hubiese expulsado del país al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, al que acusó de alentar el separatismo en Bolivia.Anoche, cuando este enviado llegó a Santa Cruz, todo el aeropuerto estaba sitiado por grupos de opositores y de simpatizantes del gobierno, que controlaban las distintas rutas de acceso a la ciudad. Los que arribaban debían tomar un taxi o remís desde la estación y hacer un transbordo pasando a pie los piquetes."Las medidas serán aún más fuertes si el gobierno no deja de atacarnos", comentó a Clarín uno de los piqueteros, que prefirió no identificarse. A unos 400 metros de allí, un segundo grupo favorable al gobierno culpaba al prefecto -gobernador- local de todos los disturbios. "Somos mayoría, pero no se han enterado todavía", dijo uno de los que lideraban la toma.La violencia se disparó hace unas dos semanas, poco después del respaldo masivo que Morales recibió en el referéndum revocatorio del 10 de agosto. En una rueda de prensa en el Palacio Quemado, el viceministro de Coordinación con Sectores Sociales y la Sociedad Civil, Sacha Llorenti, denunció que el prefecto de Pando, el opositor Leopoldo Fernández, "ha conculcado una masacre de campesinos a través de funcionarios de la Prefectura acompañados de asesinos causando la muerte de varios bolivianos".El clima de tensión se mantenía a la vez en Santa Cruz, Tarija y Beni, los otros departamentos que proclamaron su autonomía en referendos en mayo y junio, considerados ilegales por el gobierno. El ministro de Gobierno boliviano, Alfredo Rada, no dudó en afirmar que "todos los pasos que el Ejecutivo había denunciado la semana pasada de un golpe cívico, impulsado por los gobernadores de las cinco regiones opositoras, se están cumpliendo"."El golpe cívico-prefectural se está convirtiendo rápidamente en violencia interna. En Pando, Tarija y Santa Cruz la sociedad civil está fracturada. Estos enfrentamientos internos son exclusiva responsabilidad de los prefectos y líderes civiles que intentan romper el régimen democrático", denunció.En un acto en La Paz, el presidente Morales también fue severo: "Vamos a tener paciencia, prudencia, como siempre tratar de evitar la confrontación, vamos a aguantar, pero la paciencia tiene un límite". En Santa Cruz, trabajadores de Correos continuaban ocupando ayer las oficinas principales de la institución, mientras grupos de jóvenes tomaron poco antes del mediodía la sede de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLHB), una de las petroleras nacionalizadas por el gobierno en mayo.Las protestas contra el gobierno se iniciaron hace más de dos semanas cuando los gobernadores y dirigentes cívicos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca anunciaron medidas de presión para exigir la devolución de una renta petrolera que antes recibían sus regiones.El Ejecutivo recortó en enero este ingreso regional para pagar una ayuda directa a los ancianos de todo el país. 12 de septiembre de 2008 (Clarín)

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Bolivia: otra vez muertos en la previa al referendo

Una oleada de protestas que apuntan en varias direcciones ensombrece la última semana de campaña del referendo revocatorio en que el presidente Evo Morales y las autoridades regionales se juegan su puesto el domingo, en medio de un ambiente que observadores de la OEA calificaron como polarizado. La protesta de los mineros en el centro del país, con saldo parcial de dos muertos y 32 heridos en enfrentamientos con la policía, se convirtió en el hecho más grave. Según el gobierno boliviano, los mineros -que pretenden un cambio en la ley de jubilación- intentaron volar un puente con dinamita. Mientras tanto, en Tarija, en el extremo sur del país, una nutrida protesta de organizaciones opositoras consiguió su objetivo de forzar la suspensión de una reunión que Morales debía sostener en la tarde de este martes con sus homólogos venezolano, Hugo Chávez, y argentina, Cristina Kirchner. La policía intentó dispersar a los manifestantes, que proclamaban en las afueras del aeropuerto de Tarija que la presencia de los mandatarios tenía un objetivo claramente proselitista para favorecer las posibilidades de Morales (debilitando de paso al prefecto de Tarija, Mario Cossío) en el referendo del domingo. Para el presidente Morales el no poder recibir a los dos presidentes es un duro golpe que se suma al hecho de que el miércoles no podrá viajar, por falta de garantías, a Sucre, capital constitucional de Bolivia, donde debía leer el informe de gestión con motivo del día nacional del país. En el departamento de Chuquisaca -del que Sucre es capital- exigen que para que el presidente pueda viajar allí se disculpe públicamente por los tres muertos que hubo por la represión a una protesta en noviembre de 2007. No son los únicos frentes de conflicto: ya en cuatro departamentos opositores cerca de 1.000 líderes cívicos y autoridades regionales se encuentran en huelga de hambre desde el lunes en procura de que el gobierno les devuelva recursos de los impuestos del gas. También los maestros protestan en la central Cochabamba y los minusválidos fueron reprimidos en La Paz, todo lo cual configura un panorama de confusión a cinco días de un referendo en que el presidente y ocho de los nueve prefectos pondrán en juego sus cargos. El referendo entra en su recta final en medio de las dudas sobre su constitucionalidad y por los cuestionamientos sobre los porcentajes de votos fijados por una ley parlamentaria y luego modificados internamente por la Corte Nacional Electoral (CNE). Según la ley que convocó al referendo, para que una autoridad sea revocada de su cargo se requiere que haya un porcentaje de 'No' superior al que obtuvo en las elecciones de diciembre de 2005. Los prefectos fueron elegidos con votaciones que fluctúan entre el 38 y el 48%. La semana pasada, sin embargo, la Corte Electoral señaló que en el caso de los prefectos serán relegados sólo si el 'No' sobrepasa el 50%, una medida que fue protestada por el gobierno. En cambio, la CNE mantuvo el porcentaje para la revocatoria de mandato del presidente y su vicepresidente, a más del 53,7%, que es lo que el binomio obtuvo en los comicios de final de 2005. Sobre estas discrepancias el ex ministro de Relaciones Exteriores boliviano, Manfred Kempff, señaló que para el referendo "será muy difícil que la violencia esté ausente porque las reglas no están claras, y cuando algo es turbio se impone la ley del garrote". El jefe de la misión de observadores de la OEA, el ex vicepresidente guatemalteco Eduado Stein, expresó en La Paz la preocupación por la polarización que se vive en Bolivia, señalando que "hay liderazgos que quisieran que el referendo revocatorio se convirtiera en un obstáculo a la gobernabilidad".

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