Un diputado misionero y sacerdote de la Iglesia Católica reveló que "legalizar" un recién nacido en Misiones tiene un costo de "30 mil pesos" y advirtió que en la provincia "todo el mundo sabe cómo, cuándo y dónde se consigue un bebé".
El legislador Ricardo Buiax, quien presentó un proyecto de ley para evitar adopciones irregulares, denunció además la existencia de "un negociado en el que la que menos dinero lleva es la madre, a quien le entregan 2 o 3 mil pesos y alimentación mensual durante el embarazo.
"Los que sí obtienen ganancias son los que legalizan (las adopciones ilegales), abogados si se quiere, los que al frustrarse varias ventas de bebés subieron los precios".
En ese marco, Buiax sostuvo que "como mínimo se paga 30 mil pesos por legalizar una adopción".
El diputado ejerció varios años su sacerdocio en la localidad de Oberá, a unos 100 kilómetros de Posadas, en el barrio San Miguel, donde surgieron últimamente dos casos de adopción a cambio de dinero.
Buiax recordó que la existencia de estas prácticas al margen de la ley son "un tema viejo, que inclusive le costó su puesto a una jueza.
"Pero todo el mundo sabe donde está el hotel donde se alojan a los que llegan para comprar panzas y el lugar donde tienen a las chicas embarazadas", puntualizó.
El diputado representa en la Legislatura misionera al frente electoral que condujo el obispo emérito Joaquín Piña en los comicios de 2007.
Buiax se desempeñaba como sacerdote en la zona centro de Misiones, donde se registra la mayor cantidad de denuncias de adopciones irregulares y de casos de entrega de bebés a cambio de dinero.
El legislador resaltó que "dueños de los hoteles, remiseros y vecinos" de esa zona también saben de la existencia de grupos organizados para la entrega de bebés.
"Algunos van por la solidaridad y señalan que es mejor que cuide al bebé gente que tiene dinero y los puede criar y que no vivan en la miseria como sus hermanitos", añadió.
Ante ello, el legislador y sacerdote sostuvo que "falta concientizar, cambiar la mentalidad y trabajar para erradicar la pobreza", principalmente.
En poco más de una semana, en Oberá la policía misionera intervino y frustró dos casos de entrega de bebés, por denuncias que realizaron las abuelas de los niños.
En tanto, la comuna de Oberá encabeza la lista de abuso de menores de edad, adopciones ilegales y trata de personas, según datos del Poder Judicial de Misiones.
Al respecto, el ministro de Derechos Humanos de la provincia, Edmundo Soria Vieta, sostuvo que "el estado misionero no está en contra de la adopción, pero tiene que ser un acto de amor y no fruto de la compra de un vientre, de la prebenda mientras se desarrolla el embarazo, o de la seducción de la mujer para que entregue su bebé a cambio de dinero o bienes".
El ministro manifestó que en ese marco, que se generalizó últimamente en Misiones, "termina adoptando quien más plata tiene y no quien más amor tiene".
Finalmente, aseguró que hay "gente involucrada que hizo de esto un negocio, obviamente, porque la gente que viene, en un 80 o 90 por ciento, es extraprovincial".
El legislador Ricardo Buiax, quien presentó un proyecto de ley para evitar adopciones irregulares, denunció además la existencia de "un negociado en el que la que menos dinero lleva es la madre, a quien le entregan 2 o 3 mil pesos y alimentación mensual durante el embarazo.
"Los que sí obtienen ganancias son los que legalizan (las adopciones ilegales), abogados si se quiere, los que al frustrarse varias ventas de bebés subieron los precios".
En ese marco, Buiax sostuvo que "como mínimo se paga 30 mil pesos por legalizar una adopción".
El diputado ejerció varios años su sacerdocio en la localidad de Oberá, a unos 100 kilómetros de Posadas, en el barrio San Miguel, donde surgieron últimamente dos casos de adopción a cambio de dinero.
Buiax recordó que la existencia de estas prácticas al margen de la ley son "un tema viejo, que inclusive le costó su puesto a una jueza.
"Pero todo el mundo sabe donde está el hotel donde se alojan a los que llegan para comprar panzas y el lugar donde tienen a las chicas embarazadas", puntualizó.
El diputado representa en la Legislatura misionera al frente electoral que condujo el obispo emérito Joaquín Piña en los comicios de 2007.
Buiax se desempeñaba como sacerdote en la zona centro de Misiones, donde se registra la mayor cantidad de denuncias de adopciones irregulares y de casos de entrega de bebés a cambio de dinero.
El legislador resaltó que "dueños de los hoteles, remiseros y vecinos" de esa zona también saben de la existencia de grupos organizados para la entrega de bebés.
"Algunos van por la solidaridad y señalan que es mejor que cuide al bebé gente que tiene dinero y los puede criar y que no vivan en la miseria como sus hermanitos", añadió.
Ante ello, el legislador y sacerdote sostuvo que "falta concientizar, cambiar la mentalidad y trabajar para erradicar la pobreza", principalmente.
En poco más de una semana, en Oberá la policía misionera intervino y frustró dos casos de entrega de bebés, por denuncias que realizaron las abuelas de los niños.
En tanto, la comuna de Oberá encabeza la lista de abuso de menores de edad, adopciones ilegales y trata de personas, según datos del Poder Judicial de Misiones.
Al respecto, el ministro de Derechos Humanos de la provincia, Edmundo Soria Vieta, sostuvo que "el estado misionero no está en contra de la adopción, pero tiene que ser un acto de amor y no fruto de la compra de un vientre, de la prebenda mientras se desarrolla el embarazo, o de la seducción de la mujer para que entregue su bebé a cambio de dinero o bienes".
El ministro manifestó que en ese marco, que se generalizó últimamente en Misiones, "termina adoptando quien más plata tiene y no quien más amor tiene".
Finalmente, aseguró que hay "gente involucrada que hizo de esto un negocio, obviamente, porque la gente que viene, en un 80 o 90 por ciento, es extraprovincial".
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